Después de un año y medio de su aprobación, el Protocolo de Atención Integral a Víctimas de Violencia Sexual sigue sin implementarse en Honduras.
En el primer trimestre de 2024, el Ministerio Público registró 766 denuncias de violencia sexual contra mujeres y niñas, lo que equivale a más de ocho casos diarios o uno cada tres horas.
Médicos Sin Fronteras (MSF), en un informe del 2023, refiere que atendió 719 casos de violencia sexual en el país.
Mientras el Ministerio Público revela que en el 2023 hubo 2,641 hondureñas que denunciaron ser víctimas de abusos sexuales. De ellas, 1,625 eran menores de 18 años.
Por ello, organizaciones feministas y MSF hacen un llamado a las autoridades para que garanticen una respuesta integral, con puntos de atención definidos y circuitos de referencia en todas las regiones.
Los casos
Un caso de violencia sexual es el de Patricia, quien tenía solo 15 años cuando la violó su mejor amigo.
Al igual que Patricia, en 2023 casi un tercio de las atenciones de MSF se brindaron a menores de 18 años.
En Tegucigalpa, el 73% de los agresores los identifican las autoridades como familiares, parejas y conocidos de las víctimas.
En 2024, MSF ha atendido más de 207 casos de violencia sexual en San Pedro Sula y Choloma, brindando atención médica, de salud mental y acompañamiento social.
Pero lamentan que la sensibilización y priorización de estos casos sigue siendo insuficiente.
El Centro de Derechos de Mujeres (CDM) reportó seis femicidios por violencia sexual entre enero y junio de 2024.
Las estadísticas muestran que solo el 12 % de los 719 casos atendidos en 2023 llegaron dentro de las cruciales 72 horas posteriores al evento, tiempo en el que se pueden prevenir infecciones como el VIH.
Obstáculos
Cristina Alvarado, del Movimiento Visitación Padilla, denuncia el alto nivel de impunidad en los casos de violencia sexual en Honduras.
«Hay obstáculos para acceder a la justicia, lo que perpetúa esta violencia en el país», señala.
Aunque existe un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual, impulsado por la Secretaría de Salud, Alvarado dice que su implementación es insuficiente.
Por ejemplo, Ciudad Mujer -según monitoreo de las organizaciones- aplica el protocolo y proporciona medicamentos necesarios en muchos centros de salud y hospitales de La Ceiba y Tegucigalpa, pero no se cuenta con recursos para prevenir embarazos.
«Si bien en Ciudad Mujer se sigue el protocolo, en otros centros de salud la situación es distinta. No hay recursos para socializar y entrenar a los profesionales», lamenta Alvarado.
Por eso, las víctimas de violencia sexual a menudo son revictimizadas y no reciben el acompañamiento necesario.
«A veces son remitidas a organizaciones que atienden la violencia, pero la atención es deficiente. Los profesionales de la salud temen involucrarse en estos delitos, a pesar de que el Código Penal establece que deben actuar de oficio», lamentó.
Debe priorizarse
Laura Fonseca, responsable de asuntos humanitarios de MSF, enfatiza la importancia de una atención inmediata para prevenir las consecuencias negativas de los embarazos forzados.
«La maternidad forzada afecta la salud física y mental de las mujeres y su situación socioeconómica. Muchas recurren a métodos inseguros para interrumpir el embarazo debido a la legislación vigente, lo que pone en peligro su salud y vida», señala Fonseca.
MSF hace un llamado urgente a las autoridades para implementar el Protocolo de Atención Integral a Víctimas y Sobrevivientes de Violencia Sexual.
«Es fundamental que se garantice una respuesta integral, se definan puntos de atención y circuitos de referencia en todo el país. También la formación regular del personal de salud y campañas de sensibilización sobre la violencia sexual como una emergencia médica», apuntó Fonseca.
