El Salvador entregó este martes en extradición a autoridades hondureñas al ciudadano Fernando Suárez, quien es acusado por el Ministerio Público de varios delitos relacionados al caso Pandora,
Suárez fue entregado sin ninguna complicación por autoridades salvadoreñas en la zona fronteriza de ‘El Amatillo’ a Honduras, donde posteriormente fue trasladado en el helicóptero Halcón 02 de la Policía Nacional hacia las instalaciones de las Fuerzas Especiales en Tegucigalpa, Francisco Morazán.
Fernando Suárez es acusado del delito de uso de documentos públicos falsos, malversación de caudales públicos, fraude, prevaricato y lavado de activos.
Fiscal general pidió reunirse con Suárez
Según indicó el vocero del Ministerio Público, Yuri Mora, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, pidió reunirse con el extraditable, ya que es considerado una pieza clave en el caso de corrupción denominado ‘Pandora’.
La reunión de Zelaya con Suárez significa un procedimiento excepcional, pues cuando un acusado es detenido, se le traslada a la Corte para la audiencia de presentación de imputado y luego se le lleva hasta el lugar donde permanecerá recluido.
El caso Pandora tiene que ver red de corrupción que supuestamente facilitó el desvío de fondos por más de 282 millones de lempiras de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretaría de Finanzas entre los años 2010 y 2013.
Suárez fue detenido en El Salvador cuando intentaba huir hace dos años
En 2022, Fernando Suárez fue detenido en el aeropuerto internacional de El Salvador mientras intentaba huir de la justicia en un vuelo con destino a España, haciendo escala en Panamá.
Suárez Ramírez, abogado de profesión, tenía el control de las fundaciones ‘Dibattista’ y ‘Todos Somos Honduras’, de acuerdo con el expediente investigativo.
Además, era el principal socio del exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado.
Las investigaciones del Ministerio Público revelaron que Suárez Ramírez se apoderó de manera fraudulenta de ambas fundaciones, desviando 282 millones de lempiras destinados a la SAG y actuando como su apoderado legal. Estos actos irregulares ocurrieron entre 2010 y 2013.
Durante ese tiempo, Regalado y Suárez Ramírez firmaron convenios que supuestamente tenían como propósito mejorar las condiciones de los productores agrícolas hondureños a través de capacitaciones y proyectos. Sin embargo, no se destinó ni un lempira para estos fines.
En lugar de beneficiar a los campesinos de áreas desfavorecidas, gran parte del dinero solicitado por Regalado a la Secretaría de Finanzas terminó en lujos personales de Suárez Ramírez.
Según las investigaciones, utilizó los fondos para comprar muebles de oficina, cubrir gastos personales, pagar tarjetas de crédito y emitir cheques a favor de amigos y familiares.
