El exfiscal general de Honduras, Edmundo Orellana, manifestó que pretender que el fallo de la Sala Constitucional del Poder Judicial en contra de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) tenga efectos retroactivos es violar la Constitución de Honduras.
«La sala ya ha probado que tiene la facultad de pretender reformar la Constitución, desde el momento en que declaró inconstitucional la prohibición de la reelección, en algún momento habrá que revertir eso», expresó Orellana.
Orellana explicó que la sala tiene razón en todo menos en el «ex Tunc» (retroactivos), porque a partir de ahora solo acepta que las sentencias tengan efectos retroactivos que significan, nulidad.
Añadió que aunque el fallo no es definitivo «es gravísimo que la Sala Constitucional pretenda reformar la Constitución porque los fallos de incostitucionalidad de las salas, son derogatorias», lo que es «igual a la Sala Constitucional anterior que pretendió reformar la Constitución declarando inconstitucional la Constitución de la República».
El exfiscal mencionó que no se puede declarar inconstitucional una Ley que no existe, porque la Constitución establece que la inconstitucional es aplicable e inconstitucional con efectos derogatorios.
Por lo tanto los tres requisitos que establece la constitución no son aplicables en este caso, sin embargo, la ZEDE deben revertirse pero con otros mecanismos.
Fallo definitivo
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Honduras informó que será el pleno de magistrados el que deberá pronunciarse para emitir un fallo definitivo en relación con las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico ZEDE.
¿Están vigentes las Zedes en Honduras?
En abril de 2022 el Congreso Nacional derogó la Ley ZEDE por unanimidad de votos, se realizó a través de la aprobación de dos decretos: el Decreto N° 32-2022 y el Decreto N° 33-2022.
El primer decreto pretende derogar los artículos de la Constitución que fueron reformados en 2012 para permitir la creación de la Ley ZEDE, sin embargo, por ley constitucional, toda reforma a la Constitución debe ser aprobada en sesiones ordinarias, con dos tercios de los diputados, y ratificada en la subsiguiente legislatura ordinaria por igual número de votos, para que entre en vigencia.
En este caso, el decreto fue aprobado por unanimidad en 2022 y no llegó a ser ratificado antes del fin de la legislatura de 2023.
