El desafío para la actual Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras es «limpiar la cara del Poder Judicial» mediante la certificación de sus funcionarios y empleados y la reactivación del Consejo de la Judicatura, afirman los analistas Kenneth Madrid y Juan Carlos Barrientos.
Esta recomendación surge tras la reciente acusación del Ministerio Público contra el juez Marco Vallecillo por supuestamente extorsionar a personas investigadas por corrupción, según lo denunció el propio fiscal general Johel Zelaya.
«Ahora que la CSJ enfrenta esta situación, debe iniciar un proceso de certificación de todos sus funcionarios y empleados», afirmó Kenneth Madrid, especialista en administración de justicia penal, en una entrevista con tunota.
Según Madrid, la CSJ debe designar una comisión de certificación compuesta por un representante de la Corte de Apelaciones, un delegado de los jueces y otro de la Asociación de Empleados del Poder Judicial, para trabajar en la certificación del personal.
Los empleados y funcionarios deben someterse a pruebas de conocimiento y de confianza para garantizar que cumplan con el perfil requerido para el cargo al que fueron nombrados, sostuvo Madrid.
Además, Madrid agregó que se deberían realizar investigaciones patrimoniales, socioeconómicas y psicométricas para asegurar la idoneidad en el cargo designado.
«También se deben revisar los requisitos de nombramiento: un juez debe tener la mayor experiencia posible en la abogacía del país y no ser recién graduado con poca experiencia, ya que se le está confiando un negocio jurídico importante», añadió.
En ese sentido, Madrid advirtió que si las autoridades actuales de la CSJ no toman decisiones contundentes, «podemos seguir viendo en el futuro más casos de corrupción».
Esto se refiere al caso del abogado Marco Vallecillo, quien fue designado como coordinador de los Juzgados de lo Penal en Materia de Corrupción, Medio Ambiente y Crimen Organizado, y que fue detenido el sábado 17 de agosto acusado de extorsión.
El juez supuestamente poseía tres millones de lempiras al momento de su captura en un centro comercial de Tegucigalpa, dinero que presuntamente le había entregado una persona a quien habría extorsionado, extremo que niega el acusado.
Vallecillo permanece detenido judicialmente y el 23 de agosto asistirá a una audiencia inicial en el mismo juzgado que dirigía desde abril.
Reactivar el Consejo de la Judicatura
Por su parte, el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos considera esencial reactivar el Consejo de la Judicatura, que en su momento fue diseñado para ser un ente apolítico encargado de revisar todos los nombramientos y despidos de jueces y magistrados de las cortes de apelaciones.
El Consejo de la Judicatura fue declarado inconstitucional por la CSJ en 2016 tras denuncias de corrupción por tráfico de influencias y mal manejo de los fondos del Poder Judicial, incluyendo autorecetas de salarios y viáticos, lo que llevó a la prisión de algunos de sus integrantes.
Este órgano fue creado por el Congreso Nacional en noviembre de 2011 para gobernar el Poder Judicial con autonomía e independencia. Sin embargo, comenzó a funcionar en 2013 con el nombramiento de los consejeros: Jorge Rivera Avilés, expresidente de la CSJ; Teodoro Bonilla; José Francisco Quiroz Mejía; Liliam Emelina Maldonado; Celino Aguilera; y Julio Barahona, quienes fueron procesados por corrupción.
«La Ley del Consejo de la Judicatura debe reactivarse en el Congreso Nacional, creando los mecanismos y condiciones necesarios para la contratación de jueces», dijo Barrientos.
«Con una buena ley de la judicatura y una intervención más activa de la inspectoría de tribunales, se podría controlar el fenómeno de jueces que piden dinero y casi se convierten en extorsionadores», agregó el abogado.
