El Tribunal Supremo de Honduras autorizó ayer la extradición a Estados Unidos del presunto narcotraficante Santos Gustavo Erazo, solicitado por Washington por cuatro delitos de tráfico de fentanilo, informó una fuente judicial.
Un juez de extradición de Primera Instancia decidió “conceder” la extradición a Estados Unidos de Erazo tras celebrar la audiencia de presentación y evacuación de pruebas, pues considera que en Honduras no existen “juicios, denuncias pendientes y tampoco hay sentencias con carácter de firme”, señaló el Supremo hondureño en un comunicado.
Hasta ahora no se conoce la fecha de su entrega a las autoridades estadounidenses, según el Tribunal Supremo, que precisó que la defensa de Erazo tiene tres días para decidir si presentará recursos para evitar la extradición de su defendido.
Erazo, de 49 años, es acusado por EE.UU. de “conspiración para poseer y con intención de distribuir 400 gramos o más de una mezcla que contenga una cantidad detectable de fentanilo”, “distribución de 400 gramos de fentanilo”.
También se le señala por “conspiración para poseer y distribuir con intención de distribuir al menos 100 gramos de heroína” y “conspiración para poseer y distribuir una cantidad detectable de cocaína, hechos que se habrían cometido” en Estados Unidos.
La extradición de Erazo fue autorizada tres meses después de que Honduras diera por terminado el tratado de extradición bilateral con EE.UU., un acuerdo que sigue vigente hasta el 28 de febrero de 2025, en medio de tensiones diplomáticas con la embajadora estadounidense, Laura Dogu.
La embajadora estadounidense criticó el 28 de agosto una reunión entre autoridades de Defensa de Honduras y el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, en el contexto de un evento deportivo militar.
Horas después, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, decidió dar por terminado el tratado de extradición con Estados Unidos, argumentando “injerencias” de la diplomática estadounidense.
Tres días después de la decisión de Castro, el 31 de agosto, su cuñado y entonces secretario del Parlamento hondureño, Carlos Zelaya, admitió haberse reunido en 2013 con narcotraficantes que le ofrecieron dinero para la campaña política del partido Libertad y Refundación (Libre), el cual actualmente está en el poder.
Entre 2014 y 2024 las autoridades de Honduras han entregado a más de 50 nacionales reclamados por Estados Unidos por delitos asociados al tráfico de drogas, principalmente cocaína, entre los que figuran el expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2022) y el exministro de Seguridad Juan Carlos Bonilla.
Hernández fue condenado este año a 45 años de cárcel y Bonilla, a 19, por narcotráfico.