En el marco del Día Internacional contra la Corrupción, el Ministerio Público (MP) presentó este lunes varios requerimientos fiscales que incluyen al excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) Lisandro Rosales y sindicalistas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
En un comunicado, el ente acusador del Estado anunció también la ejecución de allanamientos y órdenes de captura en diferentes puntos del país.
Las acciones del MP son contra exfuncionarios de gobierno, una congresista, exmagistrados, operadores de justicia, sindicalistas, miembros de la Policía Nacional y particulares implicados en actos de corrupción que afectaron al Estado hondureño.
Uno de los casos presentados es contra Norma Agripina García, secretaria municipal de Tocoa, Colón, acusada de falsificar una certificación del acta de un cabildo abierto realizado en el año 2016.
Según las investigaciones del Ministerio Público, García incluyó información falsa para avalar proyectos mineros a favor de la empresa Ecotek/Pinares, con el objetivo de obtener de forma ilícita una licencia ambiental.
Asimismo, Bayron Hernández Castañeda, juez municipal de Santa Rosa de Copán, quien fue señalado por concusión. Las autoridades lo acusan de utilizar a privados de libertad y menores infractores, quienes debían realizar trabajos comunitarios, para que construyeran su residencia.
En otro caso, la Fiscalía Especial de Enjuiciamiento de Servidores del Sector Justicia (FEES-SJ) presentó acusaciones contra cinco exmagistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por el delito de prevaricato judicial.
Caso UNAH
El MP también acusó al juez ejecutor, Germán Ubaldo Flores Matamoros, y Carlos Manuel López Lizardo, presidente del Sindicato de Docentes de la UNAH (Sidunah).
Los involucrados formaban parte de una estructura que, mediante resoluciones arbitrarias, desvió más de 80 millones de lempiras de las arcas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) hacia cuentas personales, según el comunicado difundido por el MP.
La Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a través de su oficina de relaciones públicas, dio a conocer el listado de las personas capturadas en ese caso:
- Germán Ubaldo Flores Matamoros (Juez ejecutor nominado por la Sala de lo Constitucional)
- Carlos Manuel Moreno Lizardo (presidente del Sidunah)
- Ena Yolanda Figueroa (Vicepresidenta del Sidunah)
- Andrés Donaldo Mendoza Rojas (Miembro de la junta directiva)
- José Expectación Almendares Lizardo (apoderado legal de Carlos Moreno)
- Jesús Antonio Ferrera Matute (exapoderado legal de Sidunah)
- Óscar Danilo Gonzáles Rosales (firma autorizada en las cuentas bancarias donde se acreditó el primer embargo)
- Roberta Dolores Martínez Amador
- Luis Roberto Palomo Martínez
- Eduardo José Macías Moreno (sobrino de Carlos Moreno)
- Yuni Maribel Gómez
- José Luis Umanzor
- Rina Isabel Gonzáles Martínez.
Excomisionado de Copeco
Además, la Unidad Nacional de Apoyo Fiscal (UNAF) acusó a Lisandro Rosales Banegas, excomisionado de Copeco, y a otros exfuncionarios y empresarios por el desvío de fondos destinados al programa «Prevención y Mitigación de Desastres Naturales», financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con 18 millones de dólares.
También se presentaron cargos contra Héctor Ramón Ventura Henríquez y José Alberto Zelaya Guevara, por lavado de activos, al utilizar recursos provenientes del desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).
El Ministerio Público reafirmó su compromiso de combatir la corrupción, un problema que continúa vigente, afecta el desarrollo del país y drena recursos públicos.
Las órdenes de captura fueron ejecutadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) en colaboración con otras fuerzas de seguridad.
