Un juez decidirá el 27 de enero si envía a juicio al exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras Romeo Vásquez y otros dos militares acusados de homicidio durante el golpe de Estado de 2009 al entonces presidente, Manuel Zelaya, informó este martes una fuente judicial.
El portavoz de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Melvin Duarte, dijo a periodistas que el juez que conoce la causa fijó para el 27 de enero la audiencia preliminar.
En la audiencia preliminar debe decidirse si el juez encuentra argumentos suficientes para que el expediente evolucione hasta un juicio oral y público, si no encuentra los elementos, se puede decretar un sobreseimiento provisional o definitivo”, explicó Duarte.
El juez hondureño ordenó el domingo el formal procesamiento y arresto domiciliario contra Vásquez, el exsubjefe de la institución castrense Venancio Cervantes y el excomandante del Comando de Operaciones Especiales Carlos Roberto Puerto.
El portavoz judicial indicó que el Ministerio Público (Fiscalía) y la defensa de los tres generales retirados tienen hasta este miércoles para presentar recursos de apelación contra la decisión del juez, que además determinó que los acusados se defenderán en libertad, pero quedarán al “cuidado y vigilancia” de sus abogados y no podrán salir del país.
La Fiscalía hondureña acusa a los tres generales retirados de “homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo y homicidio en su grado de ejecución de tentativa en perjuicio de Alex Roberto Zavala”, ambos seguidores de Zelaya, esposo y asesor de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Murillo murió el 5 de julio de 2009 por un disparo en la cabeza cuando participaba en una manifestación, el 5 de julio de 2009, cuando Manuel Zelaya intentó retornar al país por vía aérea, lo que le impidieron las Fuerzas Armadas cruzando camiones en la pista del Aeropuerto Internacional de Toncontín, de la capital hondureña.
Por su parte, Zavala sufrió “graves lesiones” a consecuencia de los disparos realizados por soldados hondureños, señaló la Fiscalía en un comunicado.
Dispararon de manera indiscriminada
Según las investigaciones, las actuaciones de los militares fueron “brutalmente desproporcionadas, ya que dispararon de manera indiscriminada con fusiles de alto poder y grueso calibre (M-16) contra ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse pacíficamente”.
Los tres generales fueron detenidos el 5 de enero y enviados un día después a la Penitenciaría Nacional, cercana a Tegucigalpa, por resolución de un juez.
Manuel Zelaya fue derrocado cuando promovía una consulta popular denominada la «Cuarta urna», orientada a reformas constitucionales, desoyendo al Parlamento, al Tribunal Supremo Electoral, a la Procuraduría General, al Ministerio Público y a la Corte Suprema de Justicia, que consideraban que la convocatoria de dicha votación era ilegal. EFE