Un total de 27 defensoras hondureñas fueron asesinadas en la última década y un análisis histórico muestra que las agresiones a activistas hondureñas se incrementaron un 58% desde el año 2012, según un informe de la Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras de Derechos Humanos (IM-Defensoras).
Estas agresiones se han documentado durante más de 10 años en el sistema de ‘Registro Mesoamericano de Agresiones a Defensoras’.
El documento, que se ha presentado en diferentes ciudades de España, bajo el auspicio de diversas organizaciones y ONG, pretende exponer las reflexiones que la organización ha construido colectivamente, según declaró a EFE Yessica Trinidad, de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en Honduras.
“Estas agresiones se viven de maneras muy diferentes en función de la diversidad de luchas, territorios, identidades y contextos, pero también manifestaciones específicas de violencia sobre nuestros cuerpos, comunidades y proyectos políticos”, explicó.
Derechos exigidos por los que reciben agresiones
En la última década, en Honduras las agresiones documentadas por defender la tierra y el territorio y bienes naturales suponen un 46 %.
Por defender derechos representa un 11,7 % de las agresiones, el derecho a la verdad, justicia y reparación un 11,3 %, el derecho a una vida libre de violencia 7,2 % y el derecho a la educación un 5,7%.
Algunas de estas agresiones son físicas, psicológicas y verbales, según argumenta Trinidad, “nos agreden en movilizaciones, plantones, cabildos abiertos, encuentros de mujeres, conferencias de prensa, desalojos, y se dan de múltiples formas», explicó.
Además, IM-Defensoras destaca su preocupación en los desplazamientos forzados de defensoras hondureñas.
Según el análisis histórico, los desplazamientos se dieron principalmente dentro del país de forma colectiva por desalojos masivos impulsados por la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, según Trinidad.
¿Quiénes y cómo amenazan a las defensoras hondureñas?
Los principales agresores están vinculados al Estado, incluyendo a cuerpos policiales (27 %), militares (15,5 %) y autoridades públicas (12 %).
A las agresiones se suman empresas y negocios (11,6 %), desconocidos (10,6 %) y de la comunidad en donde se realiza el trabajo de defensa de derechos humanos (4,5 %).
Hostigamientos, desprestigio, amenazas o criminalización, son algunas de las agresiones documentadas con más frecuencia.
«Por otro lado, las amenazas que se hacen, son de forma directa, por llamadas telefónicas o rumores de otras personas, y que casi en su totalidad son amenazas de muerte o en algunos casos amenazan con dañarles a sus hijos e hijas», aseguró Trinidad.
Agreden con expresiones de odio, ataques al patrimonio personal y de la organización, la detención ilegal y arresto arbitrario, restricciones a la libertad de movimiento y libertad de expresión y el uso excesivo de la fuerza, entre otras.
IM-Defensoras: peticiones para las autoridades hondureñas
La organización exige, entre otras cosas, el cumplimiento de las sentencias de la Corte Internacional de Derechos Humanos (IDH) a favor del pueblo garífuna y que cese la persecución y judicialización de las defensoras de tierra y territorio.
Solicitan también que el Estado hondureño se comprometa a revisar las licencias ambientales y planes de manejo forestal generadores de conflictos y altos riesgos para defensoras y que resuelva a favor de las comunidades como el ‘caso de Guapinol’, y del pueblo Lenca de La Paz.
«Requerimos el respeto del derecho a la tierra para campesinas como la estrategia central para su derecho a la soberanía y que cumplan con la derogación del Código Penal que criminaliza a las defensoras», dijo Trinidad.
