Entre el 1 de enero y el 31 de mayo de 2024, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de Honduras registró 11 casos de secuestro.
Según la Base de Datos de la Unidad de Estadísticas del Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial, el departamento de Cortés reportó siete de estos casos y Francisco Morazán cuatro.
En 2023, se ingresaron nueve casos, con dos en Cortés, seis en Francisco Morazán, y uno en Santa Bárbara.
En 2022, se registraron 12 casos, repartidos equitativamente entre Cortés y Francisco Morazán, con seis casos cada uno.
El reporte estadístico indica que, en los últimos tres años, se detuvo a 65 personas relacionadas con estos delitos, de las cuales 62 eran hombres y tres mujeres.
Resoluciones judiciales
En el 2024, la CSJ emitió 11 resoluciones: cuatro sentencias condenatorias por procedimiento abreviado, dos sobreseimientos definitivos, una conciliación y cuatro autos de apertura a juicio.
Mientras que, en 2023, se emitieron 16 resoluciones, incluyendo nueve sentencias condenatorias por procedimiento abreviado, un sobreseimiento definitivo, dos sobreseimientos provisionales, tres autos de apertura a juicio y una resolución con medidas no especificadas.
Para el año 2022, se emitieron 18 resoluciones: ocho sentencias condenatorias por procedimiento abreviado, dos sobreseimientos provisionales y ocho autos de apertura a juicio.
Delito que evoluciona
Para la analista en seguridad Mirna Flores, la modalidad del secuestro sigue evolucionando y ahora forma parte no solo de una actividad para generar ingresos, sino también para el control territorial de los grupos criminales.
Ese control de las maras y pandillas, así como bandas criminales, en ciertos territorios de las principales ciudades se mantiene «a pesar de llevar varios meses con un estado de excepción que tenía ese propósito» de quitarles ese dominio, explica Flores.
El estado de excepción se implementó el 6 de diciembre de 2022 y se ha ido prolongando desde entonces. La última ampliación fue aprobada el 4 de julio por 45 días más.
La analista considera que nada ha cambiado, y que el control lo siguen teniendo los criminales. «Se pide legislación más dura y probablemente esa legislación no va a resolver el problema,» lamentó.
Tunota.com consultó tanto al ministro de Seguridad Gustavo Sánchez, como al vocero de la Policía Nacional, Miguel Martínez Madrid, sobre las estadísticas de esos años y la evolución del delito.
También se indagó sobre el avance de los casos reportados y los raptos, una nueva modalidad criminal reportada en el último mes. Sin embargo, ninguno respondió.
Policías implicados
Los policías Osmín Orellana Paz (30), Lester Nahún Uclés Andino (22), Dilmer Stiven Fúnez Espinoza (32), Andy José Pérez Zelaya (29) y Enrry Michael Cárcamo Molina (25) fueron detenidos por la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS), cumpliendo una orden de captura emitida el 16 de abril de 2024 por el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción.
De acuerdo con la investigación de las autoridades, el «modus operandi» de los agentes consistía en llamar a las víctimas a un punto de encuentro y, utilizando buses de la misma institución, subirlas a bordo para luego contactar a sus familiares y exigirles un rescate.
Mientras esto ocurría, trasladaban a las víctimas por varias calles de San Pedro Sula, hasta que sus familiares realizaban los pagos solicitados para su liberación.
Según datos, las víctimas eran mujeres a las que amenazaban con abuso sexual. En otros casos, les decían que, si no pagaban, les plantarían drogas para presentar acusaciones falsas en su contra.
Las investigaciones determinan que los montos exigidos por el rescate de las víctimas oscilaban entre 100,000 y 300,000 lempiras, los cuales, se presume dividían entre los participantes del secuestro.
